La corrupción no es solo un problema moral; es un obstáculo estructural para el desarrollo. Cada recurso desviado, cada contrato amañado y cada decisión tomada por interés personal limita las posibilidades de crecimiento de una región.
En el Tolima, la corrupción ha erosionado la confianza ciudadana y ha debilitado la capacidad institucional para ejecutar proyectos de impacto real. El resultado es una región con enormes potenciales, pero con resultados mediocres.
Combatir la corrupción no se logra únicamente con más normas, sino con instituciones transparentes y ciudadanos vigilantes. La opacidad beneficia a unos pocos y perjudica a la mayoría.
La relación entre corrupción y pobreza es directa: menos inversión, menos empleo, menos servicios de calidad. Por eso, la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad central en cualquier agenda de desarrollo regional.
Fortalecer la ética pública implica promover la meritocracia, la rendición de cuentas y el control ciudadano. Solo así será posible construir un Tolima donde el desarrollo no sea la excepción, sino la regla.
